Chile se seca a velocidad vertiginosa. Pero se trata de una sequía selectiva. En Petorca, región de Valparaíso, miles de personas racionan su consumo diario, mientras extensas plantaciones de paltos demandan miles de litros para alimentar el negocio del «oro verde».
En el desierto de Atacama, valles antaño fértiles como Quillagua hoy languidecen cual pueblos fantasmas. Y las mineras vecinas de Codelco y Soquimich, absorben las napas a niveles industriales, sin esperanza de retorno, ni asomo de control.
Más al sur, los pequeños agricultores cavan pozos cada vez más profundos para asegurar el riego, en tanto grandes conglomerados de exportadores reciben sustanciosos «subsidios» del Estado que disparan sus ganancias, como es el caso del actual ministro de Agricultura, Antonio Walker. Otros miembros del gabinete del actual presidente Sebastián Piñera también son titulares de derechos de agua.
Las empresas forestales, a su vez, extienden los monocultivos de eucaliptus y pino que secan sistemáticamente el suelo, privan de agua a las poblaciones aledañas y potencian los cada vez más frecuentes megaincendios estivales.
En una exhaustiva investigación, las periodistas Tania Tamayo y Alejandra Carmona indagan en este escenario de escasez desde su aparatoso origen en una ley amarrada por la dictadura cívico-militar, que convirtió a Chile en el único país donde el agua es un «bien de mercado», y profundizan en cómo estos privilegios son hasta hoy celosamente defendidos por poderosos gremios e intereses económicos y políticos que no se dan tregua para perpetuar una consigna que permea todo el sistema nacional: abundancia para unos pocos y sed para muchos
